En la misiva, el párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, señala que la relación de las actividades que asumen estas mujeres Trabajadoras de Casa Particular con la sociedad, quienes postergan sus propias familias para desempeñar su labor, “implica un enorme aporte a la economía doméstica y social por su dedicación en forma esmerada a prestar servicios fundamentales para el hogar, cuya fuerza radica en el compromiso del cuidado y la protección por el otro”.

Frente a esta crisis sanitaria que afecta al mundo, los gobiernos están tomando decisiones para contrarrestar los efectos del Coronavirus “en la salud, la economía y el empleo, que implican determinaciones urgentes que incluyan a todos los sectores de la sociedad”. No obstante, aseguró el padre Américo en su carta, que “el 1 de abril de 2020 el gobierno chileno promulgó la Ley 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley Nº 19.728 en circunstancias excepcionales, que sin ser una respuesta justa por parte del Estado para la protección de las y los trabajadores, además deja fuera a las trabajadoras de casas particulares”.

“¿Por qué quedan excluidas las trabajadoras de casas particulares?”, preguntó el sacerdote diocesano en la misiva, que está respaldada por unas 25 organizaciones, y respondió él mismo “Porque la Ley no reconoce sus derechos al no estar incorporadas a la Ley 19.728 que establece el Seguro de Desempleo, esto quiere decir, ellas no son beneficiadas y quedan excluidas de la Ley de protección al empleo por Covid-19”.

Al respecto, señala el padre, que la solución que las autoridades gubernamentales entregan a estas trabajadoras es “que recurran a la indemnización a todo evento, conocida como el 4,11%, que corresponde al aporte del empleador junto con las imposiciones mensuales de la trabajadora, en el que los empleadores pueden suspender la relación con las trabajadoras de casa particular y se les comience a pagar con cargo al fondo que individualmente acumulan”.

Con ello, enfatizó el padre Américo, “queda en evidencia que el trabajo de las mujeres de casa particular sigue siendo invisibilizado por la sociedad, por el Estado, y por lo visto, estará muy lejos de ser reconocido. Al excluirlas de esta Ley se muestra una evidente injusticia, marginación y discriminación”. También dijo que “Es tremendamente vergonzoso e irónico que con la Ley de Protección al empleo las trabajadoras de casa queden desprotegidas”.

Pese a los avances legislativos que velan por sus derechos, “veo con dolor que no se les reconoce su trabajo, su esfuerzo y aporte al bienestar familiar. Veo que no están siendo tratadas con la misma dignidad que como al resto de los trabajadores y trabajadoras del país, sino que, por el contrario, la inacción del Estado en materia de protección las posiciona como parte de un subempleo donde sus actividades son invisibles socialmente, quizá porque en su mayoría son mujeres quienes realizan estas actividades a las que no se les asigna la relevancia económica e importancia social que ello implica”, añadió.

“La voz de las trabajadoras de casa particular, organizadas a lo largo de Chile en el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, SINTRACAP, Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular FESINTRACAP y Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares ANECAP, exigen al Ejecutivo y al Poder Legislativo no sólo su incorporación inmediata al Fondo Solidario de Cesantía, sino que además se implemente una Renta Básica de Emergencia Digna, se considere Presupuesto Nacional para la fiscalización y cumplimiento de la Ley 20.786 que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los y las trabajadoras de casa”.

“Como pastor y actor social de una comunidad osornina que no es indiferente a las injusticias, junto a las organizaciones que aquí respaldan la presente misiva, adherimos al llamado de las Trabajadoras de Casas Particulares organizadas y solicitamos a Autoridades de Gobierno, Honorables Senadores/as y Diputados/as su inmediato pronunciamiento para que estas trabajadoras sean parte de este fondo solidario de cesantía y participen de los beneficios de protección como mujeres, madres y ciudadanas”, finalizó el padre Américo.